Un cártel llamado Uber
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“A veces tenemos problemas porque, bueno, somos jodidamente ilegales”, escribía en 2014 Nairi Hourdajian, entonces jefe de comunicaciones globales de Uber, en medio de los intentos de Tailandia e India por regular los servicios de la plataforma. “Nos hemos convertido oficialmente en piratas”, mencionaba otro ejecutivo de la empresa. Estas comunicaciones internas, que apenas hace un par de días se ventilaron, atestiguan lo que era un secreto a voces en la compañía: la estrategia de Uber para entrar a nuevos mercados consistía en traspasar todas las barreras legales y preocuparse después por las consecuencias. "Básicamente, Uber se lanza y luego hay una tormenta de mierda regulatoria y legal,” así lo resumía Mark MacGann, en aquella época, jefe de lobby de Uber en Europa. Que Uber operara de este modo no es desconocido para quienes han seguido de cerca el ascenso de la empresa. Tampoco es sorpresa para los taxistas que por años han resistido la entrada de Uber en sus ciudades, incluso frente a las instigaciones de violencia que hoy sabemos directivos de la empresa fomentaban. Sin embargo, las filtraciones de “Uber Files” tienen el mérito de añadir nueva luz a este caso de corrupción empresarial. Las filtraciones exhiben la brutalidad con la que actuar al margen de la ley era intrínseco en la cultura corporativa de Uber y de su estrategia comercial para penetrar nuevos mercados. Es decir, el ‘avance disruptivo’ de la innovación y el lucro por encima de la soberanía de los Estados. Las filtraciones van más allá. No sólo revelan las estrategias de Uber para saltarse los procesos de concesión que cualquier otra empresa estaría obligada a cumplir al entrar a una nueva jurisdicción, sino que también evidencian el acceso privilegiado que los lobistas de Uber tenían con figuras política de primer nivel. Entre 2014 y 2016, Uber mantuvo 34 reuniones con funcionarios de la Comisión Europea, 12 de las cuales no fueron reveladas. El caso más sonado que ha surgido de los Uber Files es el del presidente francés Emmanuel Macron, quien, como ministro de economía, en 2015, tuvo más de una docena de comunicaciones no reportadas con Uber, incluida la intervención personal para revisar una orden de suspensión de Uber en Marsella. Hoy, Francia cuenta con una de las normativas más laxas de Europa en materia de plataformas de autotransporte privado. De hecho, es a menudo citada por Uber y otras plataformas como modelo a seguir. Los Uber Files aportan indicios de cómo se llegó a dicha (des)regulación. Una reunión entre Travis Kalanick, entonces CEO de Uber, y Macron fue descrita como “espectacular” por Macgann. En sus correos Macgann reporta que Macron, entonces ministro de Economía, mantendría a los reguladores a raya, pues les habría solicitado que no fueran “demasiado conservadores” al interpretar las leyes del taxi. En otras palabras, se abría la puerta a Uber para sortear la regulación francesa, con la certidumbre de que los reguladores no opondrían resistencia. Hoy, varios diputados de la Asamblea Nacional francesa demandan una comisión investigadora que examine el actuar de Macron, hoy presidente de Francia en un segundo mandato. Además de aprovecharse de sus vínculos políticos, las filtraciones también exponen la manera en que la empresa buscó obstruir la justicia en varios de los países donde operaba. Los directivos de Uber le llamaban “kill switch” o “interruptor de apagado” e implicaba cortar el acceso a los servidores de la empresa para evitar que las autoridades accedieran a la documentación en redadas e investigaciones. El switch se activó al menos en Francia, Países Bajos, Bélgica, India, Hungría y Rumanía, y las órdenes para ejecutarlo vinieron desde la cúpula de la empresa. “Por favor, accione el interruptor de apagado lo antes posible”, apuró Travis Kalanick, en un mensaje. “Hay que cerrar el acceso en AMS [Ámsterdam].” En un contexto similar, pero en París, MacGann reportaba: “el acceso a las herramientas informáticas fue cortado de inmediato, por lo que la policía no podrá conseguir mucho, si es que hay algo.” Hoy podemos constatar que Uber ha construido un imperio global sobre un comportamiento que en mucho asemeja al de una banda criminal. Al igual que varios grupos delictivos, Uber impuso sus propias normas por encima de la legalidad. La empresa se coludió y presionó al poder político para moldear el marco jurídico a su antojo, al tiempo que generaba estrategias de evasión fiscal, obstruía la justicia y desplegaba tácticas de espionaje para acabar a sus rivales. Quizás lo único que distancia a Uber de un verdadero cartel es el empleo de la violencia. Una frontera con la que Uber siempre pareció coquetear. “La violencia garantiza el éxito,” así se expresaba Kalanick al ser advertido sobre la posibilidad de que una protesta de taxistas en París derivara en un incidente trágico. A Kalanick, en cambio, le parecía una buena oportunidad para responder con “desobediencia civil efectiva,” es decir, alentar la confrontación entre conductores de Uber y taxistas. Aunque la abogada, de quien entonces fuera CEO de la empresa, ha negado que en ocasión algún Kalanick “sugiriera que Uber debía aprovecharse de la violencia,” lo cierto es que existen otros indicios de que la empresa sabía sacar provecho de la confrontación. “Tenemos que mantener viva la narrativa de la violencia durante unos días”, escribía un directivo de la empresa en Países Bajos de cara a las protestas de taxistas locales. Lo mismo comunicaban en Bélgica: “Tenemos que usar esto a nuestro favor(...) la violencia en Francia ha llevado la cuestión al ámbito regulatorio”. La influencia política de Uber debe iniciar un debate serio sobre los riesgos que imponen a la democracia el poder y los recursos ilimitados de estas grandes plataformas digitales. Hasta ahora el nombre de México no ha salido a relucir entre los Uber Files, pero es difícil creer que, en uno de los mercados más importantes para Uber (el quinto a nivel mundial), la empresa hubiese actuado de modo distinto a como lo hizo en Europa y Asia. Hoy al menos podemos mirar con una óptica distinta aquellas marchas y protestas encabezados por miles de taxistas en la Ciudad de México durante el 2019. No eran ludistas luchando contra el progreso de la tecnología, sino trabajadores exigiendo igualdad en el marco regulatorio, sin ventajas para plataformas que se veían a sí mismas como “jodidamente ilegales.”
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