La investigación preliminar sobre posible tráfico de influencias que el Ministerio Público le ha abierto a César Acuña, propietario de varias universidades, así como del partido Alianza Para el Progreso (APP), se justifica totalmente. Los audios difundidos hace unos días lo dejan muy mal parado y peor aún a su cogollo partidario y parlamentario, al que trata como si fuese un personal subalterno a su servicio exclusivo.

Aparte del posible proceso penal, el costo político ha sido inmediato. A la publicitada renuncia de Roberto Chiabra a la organización y la expulsión de la congresista Heidy Juárez –a quien se le acusa de haber realizado la grabación– se suma la censura a la presidenta de la Mesa Directiva del Legislativo, Lady Camones, quien se ha visto obligada a dejar el cargo.

Horas antes, luego de que comenzaran a circular los audios filtrados a un portal web, había pedido, además, licencia partidaria. Casi podría decirse que los presuntos “vacadores” de la conversación grabada terminaron vacados ellos mismos. La representación parlamentaria del acuñismo se reduce, de ese modo, a solo nueve miembros. Y aunque el daño a la campaña del líder de APP para hacerse del Gobierno Regional de La Libertad está todavía por verse, ya que se trata de su zona de influencia, todo indica que no servirá precisamente para hacerlo dar un gran salto en la intención de voto.

Lo peor de este vergonzoso lance político, sin embargo, es que no solo tiene a Acuña como el gran perdedor, el Congreso de la República, una vez más que a por las patas de los caballos, haciéndole un favor al Ejecutivo, que puede darse el lujo ahora, en medio de sus problemas con la justicia, de tomar aire, al haberse desviado el foco del escándalo y la corrupción hacia el Poder Legislativo.

APP ha perdido soga y cabra, no solo en el Congreso, y puede que la crisis partidaria se agudice con nuevas renuncias, como han pronosticado los analistas, pero lo cierto es que vuelve a quedar en evidencia la endeblez de partidos políticos que –cual mascarones de proa que se limitan a encubrir intereses particulares– sólo desmerecen la democracia peruana.